M. J. L. D. / R. M. - Almería / Madrid - 06/09/2008
La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, al que luego se sumó la Junta. Contra la resolución cabe recurso. Que el hotel sea ilegal cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.
La sentencia afirma que la Junta manipuló sus planos sobre el parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal, pese a que en la planimetría original, de 1988, el hotel ocupaba una zona imposible de edificar. La Junta defendió durante años que el hotel es legal. Su presidente, Manuel Chaves, sin embargo, declaró ayer que la sentencia "da la razón a la Junta".
El juez insiste en que la obra fue aprobada días después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de 1988, por lo que no podía estar a menos de 100 metros del mar. La Junta insiste aún en que la distancia legal son 50 metros, pese a que desde hace 20 años el ministerio advierte de que son 100 y así lo dictó la Audiencia Nacional.
El magistrado pide a la fiscalía que investigue al ayuntamiento y a la Junta por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La Junta, según el juez, actuó "de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico" y usó una "burda maniobra" al presentar una cartografía "falsa e insólita". Y concluye que "la abulia y desidia" de estas administraciones "en defensa del interés general" merecen ser investigadas.
M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 06/09/2008
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y el plan del parque natural del Cabo de Gata al permitir el hotel del Algarrobico -más de 20 plantas a 28 metros del mar- e insistir durante años en que era legal.
La promotora reclama 100 millones por la expropiación
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, declaró ayer nula la licencia del hotel y pidió al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve indicios de delito.
La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, a la que luego se sumó la Junta. La resolución, contra la que cabe recurso, cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.
El juez ordena a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento y a la Junta al advertir presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio en su actuación.
Para el magistrado, la Administración autonómica no solamente "no ejerció" sus potestades y facultades en defensa del interés general sino que modificó los planos del parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal.
Esta conclusión, mantenida por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar desde que en 2005 empezó la lucha judicial contra el proyecto de la empresa Azata del Sol, lleva al magistrado a acusar de "abulia y desidia" tanto a la Administración autonómica como al Ayuntamiento de Carboneras en la defensa del medio ambiente.
En relación con la Ley de Costas, el magistrado atribuye a la Corporación local, presidida por el socialista Cristóbal Fernández, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros en esa zona.
La Corporación local siempre defendió que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables y que, como el resto del municipio, las edificaciones podían alzarse a 20 metros de la orilla.
Pero el juez también tilda de "pasiva y condescendiente" la actuación de la Junta de Andalucía al considerar que no hizo nada para que el Consistorio cumpliera la Ley de Costas.
Para el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val, el dictamen del juez supone todo un triunfo de la legalidad y reafirma los presupuestos de los conservacionistas sobre la ocupación ilegal de la servidumbre de costas de 100 metros. "La sentencia afirma que el Ayuntamiento conocía perfectamente que la servidumbre a aplicar era de 100 metros antes de conceder la licencia, haciéndolo claramente responsable del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, junto con la Junta de Andalucía", explicó Del Val.
El Ayuntamiento de Carboneras trasladó su disconformidad con la sentencia y anunció su intención de interponer un recurso de apelación ante el TSJA. Rosario Fernández, segunda teniente de alcalde y hermana del regidor de la localidad, Cristóbal Fernández (PSOE), aseguró que el equipo de Gobierno "no comparte" la decisión del Juzgado, si bien expresó su respeto al sistema judicial.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, declaró que la sentencia "da la razón a la Junta". Azata del Sol no quiso pronunciarse ayer sobre la sentencia del juez Rivera.
El Ministerio de Medio Ambiente rehusó también pronunciarse sobre la resolución judicial "hasta que el gabinete jurídico del ministerio no estudie en profundidad su contenido".
El anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, inició un expediente expropiatorio y dictó una resolución por la que se declaró la utilidad pública de los bienes y derechos situados en la servidumbre de protección de 100 metros.
Fuentes oficiales del ministerio confirmaron días atrás que estaba "previsto" que el próximo otoño se decidiera sobre la continuidad del expediente expropiatorio. Las mismas fuentes apuntaron entonces que serían "determinante" las resoluciones judiciales pendientes.
La empresa promotora del proyecto, Azata del Sol, ha reclamado 100 millones de euros a la Administración por la expropiación.
El juez acusa a la Junta y al Ayuntamiento de Carboneras de "abulia y desidia" en la defensa del medio ambiente
Censura "la burda maniobra" de la administración autonómica para modificar planos del parque de Cabo de Gata
La sentencia entiende que hay indicios de delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio y ordena investigar a la fiscalía
ALMERÍA.- El juez de Almería que ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de 'El Algarrobico' (Carboneras) ha declarado nula la licencia municipal, que deberá ser revisada por el ayuntamiento.
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, resuelve la remisión del expediente a la Fiscalía , a la que ordena "deducir testimonio" ante una presunta comisión de delito en la actuación de las administraciones.
El magistrado Jesús Rivera cree "incontestable", tras examinar el caso, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubica de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable" pese a lo sostenido por la Consejería de Medio Ambiente, que localizaba el suelo en zona D2, "no incompatible con el uso urbanístico".
El escrito reafirma los presupuestos precedentes relativos a la ocupación ilegal de la servidumbre de costas de 100 metros que tenia que respetarse a todos los efectos, responsabilizando a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras de su incumplimiento, según ha dado a conocer la asociación 'Salvemos Mojácar' -quien interpuso la denuncia sobre la que se ha pronunciado el juez-.
Por su parte, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carboneras, Rosario Fernández, ha anunciado que interpondrán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería. La edil socialista, hermana del actual regidor de la localidad Cristobal Fernández, ha declinado entrar a valorar el contenido del fallo, el cual no es "acatado" por la corporación municipal.
El juez desestima, además, que la empresa constructora tenga algún derecho de indemnización, ya que incumplía claramente con la Ley de Costas.
Fuentes judiciales han informado además que el titular del citado Juzgado, el magistrado Jesús Rivera, ha remitido además todas las actuaciones sobre esta causa a la Fiscalía al apreciar indicios de delito en la actuación de las administraciones.
La anulación de la licencia municipal concedida a la promotora Azata del Sol para la construcción en terrenos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar del edificio de 20 plantas se ha producido después de que el mismo juez ordenase el 21 de febrero de 2006 la suspensión cautelar de las obras del hotel cuando éste estaba ejecutado en un 94,41%.
Los ecologistas llevan años luchando contra el desarrollo del hotel. Este jueves, Greenpeace pidió a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, la "demolición inmediata" y urgente del hotel El Algarrobico, construido ilegalmente en la playa del mismo nombre en el Parque natural del Cabo de Gata.
En un comunicado difundido tras un encuentro con Espinosa, los ecologistas piden "que se cumpla así el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de eliminar esta agresión urbanística".
Almería.- Los grupos Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, el primero de ellos responsable de la demanda que ha derivado en la anulación de la licencia municipal de obras del hotel "El Algarrobico", han celebrado el fallo dictado hoy que, a su juicio, "debe conducir a la demolición" del edificio.
Fuentes de sendos colectivos han destacado a Efe que el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Almería reconozca que el hotel se construyó sobre un espacio protegido y no urbanizable, en contra de lo que han defendido tanto el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) como la Junta de Andalucía.
"Ya no queda más salida que la demolición", han subrayado después de que el magistrado Jesús Rivera obligue al ente local a revisar de oficio la licencia concedida a la mercantil Azata del Sol el 13 de enero de 2003, al considerar que ésta incurre en una infracción urbanística muy grave, pues la construcción afecta a suelo no urbanizable de especial protección.
Las agrupaciones han opinado que la sentencia "no solo copia literalmente la demanda, sino que la mejora" al decidir el titular del Juzgado remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que dirima la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por parte de la Junta de Andalucía y del consistorio de la localidad.
Argumenta esta decisión el magistrado en su consideración de que sendas administraciones ampararon la construcción del complejo a sabiendas de que contravenía la Ley de Costas y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata-Níjar.
http://www.publico.es/ciencias/148874/algarrobico
PUBLICO
La demolición del hotel El Algarrobico, considerado por los ecologistas como
un icono del vandalismo urbanístico en las costas españolas, está hoy más cerca.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería declaró ayer
"nula de pleno derecho" la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras
para la construcción del complejo en la playa almeriense de El Algarrobico,
incluida en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
La sentencia del magistrado Jesús Rivera, el mismo que ordenó la paralización
cautelar de las obras en febrero de 2006, pide al Ministerio Fiscal que
investigue un posible delito de prevaricación administrativa y contra la
ordenación del territorio cometido por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Carboneras, gobernados por el PSOE.
El juez, además, destaca la "abulia y desidia" de la corporación local y del
ente autonómico en la defensa de la Ley de Costas, que prohíbe la urbanización
de los primeros 100 metros de costa.
A juicio del magistrado, el Ayuntamiento "tenía perfecto conocimiento hace ya
20 años de que la zona de servidumbre de protección era de 100 metros" y, a
pesar de ello, dio su permiso para la construcción en la playa de un hotel de 21
plantas y 411 habitaciones. Además, el juez subraya que la Junta utilizó "la
burda maniobra de sustituir la planimetría del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del Parque Natural oficialmente publicada por otra" en la que se
ubicaban los terrenos del hotel en suelo urbanizable. Para Rivera, el respeto a
esta protección "compele ineluctablemente a la Administración a una expropiación
y ulterior demolición de lo construido".
“Da la razón a la Junta”
Pese al rigor de la sentencia, el presidente andaluz, Manuel Chaves, dio ayer
la vuelta a la tortilla y afirmó que el fallo “da la razón a la Junta”. Según
Chaves, todo aquello que facilite el derribo de El Algarrobico “coincide con el
propósito y la voluntad” de la Junta.
La promotora del hotel, Azata del Sol, guarda silencio. Su portavoz, Antonio Baena, explica que están valorando un posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se lamenta de que la sentencia "no haya llegado antes". Como explica Jaime del Val, de la Asociación Salvemos Mojácar, si la empresa recurre la demolición se podría demorar "hasta cinco años más". El Ayuntamiento anunció ayer que recurrirá el fallo, informa Europa Press.
Greenpeace, una de las ONG que más ha despuntado en las protestas contra el hotel, acogió ayer la sentencia como "una victoria muy importante". Su director, Juan López de Uralde, se reunió el jueves con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y ambos destacaron, según el ecologista, que "esta sentencia era el obstáculo por superar para tirar El Algarrobico". El Ayuntamiento de Carboneras tendrá que revisar ahora la licencia, por orden del juez.