El colectivo ha exigido también el cese «fulminante» de la consejera de Medio Ambiente de la Junta, Cinta Castillo, por afirmar hace una semana que «el hotel podría no derribarse» y por su «absoluta ignorancia y desprecio por la legalidad y los procedimientos legales en curso», así como del delegado provincial de Obras Públicas, Luis Caparrós, «que ha venido pidiendo insistentemente un deslinde de 50 metros que hubiera legalizado el hotel, sin razón alguna que lo justificara», y de la ex consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, en su actual cargo de Presidenta del Parlamento andaluz, «para el que consideramos que es absolutamente indigna por sus actuaciones relacionadas con El Algarrobico en los años recientes».
Según valoran, esta sentencia supone un «varapalo total» para la Junta, la promotora y el Ayuntamiento de Carboneras, administración que «debe iniciar la revisión de la misma, que indirectamente le implica y debe conducir a la demolición».
La sentencia, defiende 'Salvemos Mojácar', «reafirma los presupuestos precedentes relativos a la ocupación ilegal de la servidumbre de costas de cien metros que tenía que respetarse a todos los efectos» y responsabiliza a las administraciones autonómica y local de su «incumplimiento». Además, según la asociación, el fallo afirma que el Consistorio «conocía perfectamente» que había que respetar esa distancia.
Por otra parte, califica de «falsas» las declaraciones que realizó el pasado viernes el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tras conocer la sentencia y apuntar que ésta «daba la razón» a la Administración autonómica, puesto el Gobierno andaluz es «responsable de haber aprobado el plan parcial en contra de la legalidad, cometiendo un presunto delito de prevaricación y modificó ilegalmente los planos» del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Por su parte, Izquierda Unida de Carboneras mostró ayer su «satisfacción» ante la nulidad por parte del juez de la licencia municipal para la construcción del hotel El Algarrobico e instó también a la Junta de Andalucía a «depurar responsabilidades», al tiempo que pedía la dimisión del alcalde de la localidad, Cristóbal Fernández, al que igual que solicitó la secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González pues, a su juicio, «la Justicia pone a los políticos en su sitio».
La resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería obliga al Ayuntamiento de la localidad almeriense de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras concedida en 2003 a la mercantil Azata del Sol por incurrir en una "infracción urbanística muy grave". El considerando acusa de "abulia y desidia" al Ayuntamiento y a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Chaves señaló que "respeto, pero no comparto" esa parte de la sentencia e insistió en que "lo más importante que tiene la resolución es el fallo, que da la razón a la Junta y a las organizaciones ecologistas que interpusieron el recurso". Chaves, preguntado por la posible destitución del alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, señaló que éste se limitará a cumplir la sentencia y anunció que la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, comparecerá en el Parlamento para explicar el caso.
IU, PP y PA pidieron la dimisión del primer edil socialista, mientras el grupo ecologista Salvemos Mojácar, responsable de la demanda que ha derivado en la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico, demandó el cese de Cinta Castillo. El colectivo consideró que decir que el fallo da la razón a la Junta, tal y como sostiene el presidente de la Administración andaluza, "es una aberración y una total falsedad".
La mercantil Azata del Sol, propietaria del hotel de El Algarrobico, estudia en profundidad el fallo para decidir si recurre la anulación de la licencia de obras que le concedió, en enero de 2003, el Ayuntamiento de Carboneras. Es el quinto varapalo judicial contra la mole de 22 metros de altura levantada por Azata en pleno parque natural Cabo de Gata-Níjar.